REPRESENTANTES DE LOS CIUDADANOS EN LOS AYUNTAMIENTOS:

En los cerca de los nueve mil ayuntamientos existentes en el Estado Español, son elegidos en cada uno de ellos mediante las urnas, los correspondientes Alcaldes y concejales para representar a los ciudadanos de cada municipio, ademas de gestionar y administrar los intereses de los mismos, por periodos de cuatro años. En el periodo electoral, cada uno de los partidos ofrece un programa distinto al resto de competidores. Cada partido político que presenta candidatura presenta su programa con promesas a sabiendas de que la mayoría no se van a cumplir. Una vez celebradas las elecciones, si ningún partido de los que presentaron candidatura obtiene mayoría absoluta, dado que la Ley electoral vigente les permite hacer alianzas entre los distintos partidos que presentaron candidatura se compran el apoyo gubernamental unos a otros a fin de que los ciudadanos sigan en la creencia de que la alianza se hace en defensa de los intereses de la mayoría, aceptando incluso el programa del partido con el que se establece la alianza siendo este totalmente opuesto al que prometió a los ciudadanos que le dieron el voto. No obstante, a partir del momento que son elegidos y ocupan el cargo tanto de Alcaldes como de Concejales, se adjudican la representación de todos los ciudadanos del municipio, a pesar de que la mayoría de los electores no los haya elegido. Una vez ocupan el poder, en lugar de efectivamente, representar a todos los ciudadanos y gestionar bien los interese de los mismos, se dedican exclusivamente a repartirse el pastel entre ellos y a mantener el voto cautivo de aquella parte de los ciudadanos mas fácil de manipular mediante dadivas contrapartidas y triquiñualas, y todo ello con el presupuesto público.

En tal sentido no escatiman en inventar las instituciones que sean necesarias para crear cargos que den cabida a todos los compromisos de los distintos partidos que intervienen en dichas alianzas de tal manera que ninguno de ellos haga critica alguna a lo propuesto por el resto de participantes, convirtiendo la gobernabilidad en una serie de pactos que en la mayoría de los casos se pueden considerar totalmente contrarios a los intereses de la comunidad, y otros ya no solo contrarios a los intereses de la comunidad, sino corruptos e incluso delictivo. Tales hechos están como podemos observar a la orden del día en los distintos partidos políticos que participan en la acción de gobernar tanto en los Ayuntamientos, en las Comunidades Autónomas, o incluso en el Gobierno del Estado, donde para aprobar ciertas leyes se compra el voto a partidos de la oposición sin ningún tapujo.

A la vista de todo ello no queda mas remedio que concluir que en cuanto se llega al poder se deja de ser representante ni gestor de a nadie, sino del partido al que pertenece y en todo caso de si mismo. Todos conocemos que en realidad las alianzas entre partidos tienen como única finalidad ocupar el poder político y mantenerse en el mismo para obtener los mayores beneficios que permita dicha alianza. Prueba de ello, es que en los plenos de los ayuntamientos se aprueba aquello que es de interés de los partidos que hicieron la alianza y de los políticos que accedieron al poder mediante la misma, sin que efectivamente les preocupe absolutamente nada el interés de los ciudadanos. Es evidente que al igual que en el resto de organizaciones parlamentarias los concejales están sometidos a la disciplina de partido y, aunque en algún caso, lo que propone el partido no lo compartan, tienen la obligación de mantener dicha disciplina de partido dando apoyo a toda propuesta de cualquiera de los partidos que participan mediante el pacto alcanzado para ocupar el poder, a pesar de que lo que se acuerde sea totalmente contrario al interés de los ciudadanos. Ello demuestra por tanto, que una vez se accede al poder se deja de ser representante de aquellos que les dieron su apoyo en las urnas, dado que por un lado se está sometido al interés de partido y por otro al compromiso adquirido en la alianza con el partido contrario. Como consecuencia de dichas alianzas es practica habitual que en los plenos se voten propuestas totalmente contrarias a lo prometido en campaña electoral sin que ninguno de los que dicen que nos representan presenten el mas mínimo rechazo a ello.

Por tanto, podemos concluir que los que dicen ser nuestros representantes efectivamente no representan a nadie, sino que solo representan al partido político al que pertenecen, y a sus intereses propios. Es público y notorio que el poder político corrompe y si alguno de los integrantes de dicho poder no acepta la disciplina de partido y de las alianzas alcanzadas entre ellos se le compra mediante el precio que sea, y si no lo acepta posiblemente acabe expulsado del grupo aunque eso sí antes de salir habrá vendido su silencio.

El Acceso a concejal es un cargo político totalmente voluntario. Por tanto, debería ser un cargo honorifico, sin otra retribución, que aquellos gastos que se le ocasionen por el tiempo que tiene que dedicar a asistir a los plenos en el consistorio, sin que dicho cargo se convierta en un puesto fijo como si de un funcionario mas se tratara. Los Ayuntamientos ya tienen su estructura funcionarial, que en la mayoría de casos incluso está sobredimencionada, y por tanto, no es lógico que los concejales se asignen sueldos incluso mas altos que los funcionarios y ocupen puestos como si de un funcionario mas se tratara, cuyo cargo en la mayoría de los casos carece totalmente de contenido alguno. No se trata de que los concejales no tengan ingresos, sino que de lo que se trata, es de que los concejales no deben tener dedicación exclususiva por que no es necesario salvo algunos en grandes Ayuntamientos y en casos totalmente excepcionales y justificados, y por tanto deben seguir ejerciendo su profesión anterior, por la que como es lógico seguirán retribuidos. No obstante, dicha actividad les debe permitir asistir a los plenos de dichos Ayuntamientos cuando ello sea necesario, y que en todo caso, cuando el puesto de trabajo que ocupe sea en una empresas privada ésta le descuente de su retribución las horas que el presunto concejal dedique a la actividad política, dado que esas horas se las retribuirá el correspondiente Ayuntamiento, y todo ello con el correspondiente control a fin de que ello no comporte una desmesurada falta de asistencia al puesto de trabajo totalmente injustificada.

Otro de los extremos dignos de afrontar, es la falta de exigencia de formación especifica por parte de las organizaciones políticas a los candidatos a Alcaldes o Concejales. No es lógico que en el S XXI se pueda asignar el puesto de representante de los ciudadanos, en este caso Acalde o Concejal, a personas que no tienen formación acorde con el puesto que tiene que ocupar

Como se entiende que para acceder a un puesto de funcionario aunque sea de conserje se le exija una oposición y un examen que incluso en algunos casos nada tiene que ver con la materia que va a desarrollar y en cambio esa misma persona que no aprobó la oposición de conserje pueda ser Acalde o concejal si consigue el apoyo en las urnas con mayoría suficiente o con la alianza con otro partido. En tal sentido parece que seria aconsejable que a los partidos políticos se les exigiera presentar una candidatura con un grupo de personas que tuvieran una formación adecuada a cada uno de los cargos que aspiran a ocupar, como puede ser Concejal de cultura, o de urbanismo o de sanidad, ect, ect, una persona que carece de conocimiento adecuado a dicho cargo.

Estoy seguro que muchos de los políticos que ocupan altos cargos públicos si se tuvieran que presentarse a unas oposiciones de funcionario del grupo E que es el mas bajo de la escala, no lo aprobarían. En tal extremo se pueden incluir desde los Ministros del Gobierno del Estado y los Consejeros de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas hasta terminar por los Alcaldes y concejales de los Ayuntamientos, sin olvidarse de los que dicen que nos representan en los distintos Parlamentos.

En este sentido, los ciudadanos del S. XXI, debemos exigir a los partidos políticos que cuando presenten una candidatura ya sea para el gobierno del estado, ya sea para el gobierno de las Comunidades autónomas, ya sea para cualquier Ayuntamiento, presenten un grupo de personas no por méritos políticos sino por méritos de conocimiento especifico para aquellos cargos que van a ocupar. También debemos exigir a los partidos políticos que se tengan en cuenta a la hora de presentar candidaturas que las personas que presenten reúnan otros requisitos, entre los que deben figurar cierto prestigio reconocido en las distintas materias acordes con los cargos que luego tienen que ocupar, además de valores como son la ética, la reconocida solvencia moral, y honestidad suficientemente reconocida en su vida civil anterior.

Como podemos observar, los partidos políticos, se preocupan mas del perfil político para captar votos que de tener personas adecuadas y formadas al puesto que tienen que ocupar y sobre todo, de la fidelidad y disciplina al partido y al correspondiente jefe, ya que la valía para ocupar el puesto político de turno, no se suele medir por su conocimiento o sus valores éticos, morales, ni por su capacidad y conocimiento en materia específica alguna, sino que el merito mas importante es su capacidad para conseguir mediante su discurso que lo falso parezca verdadero. Todo ello está llevando a un enorme descrédito de la clase política, ese es el motivo de que el pueblo se abstenga de votar e muchas de las propuestas políticas, pues es evidente que existe una parte importante de la sociedad que ya se ha dado cuenta que las propuestas políticas solo les sirven a aquellos que han hecho de dicha política su modus vivendu, y todo ello a costa de sacrificar a la sociedad cada vez con mas gasto público destinado exclusivamente al mantenimiento de altas retribuciones y privilegios de dicha clase política pagada por el contribuyente.

Creo por tanto que la sociedad ya está manifestado su rechazo a este despilfarro económico en el que unos políticos oportunistas nos han metido solo y exclusivamente en su beneficio e interés propio.

Es preciso destacar que para mantener ese gasto público totalmente desproporcionado la mayoría de los Ayuntamientos se han nutrido económicamente recalificándo suelo como urbanizáble elevando su precio a unos niveles que no solo han hecho inalcanzable el precio de las viviendas para la mayoría de los ciudadanos, sobre todo para las clase trabajadoras sino que ademas, son los culpables de la burbuja inmobiliaria que ha permitido un desmesurado despilfarro público y estimulado a la sociedad en general a vivir por encima de las posibilidades económicas reales y aconsejables.

En tal sentido son muchos los Ayuntamientos que incluso no dándose las condiciones para ello se han aprovechado del suelo existente en cada uno de los municipios para hacer de ello un negocio totalmente especulativo y corrupto, con el que además de financiar los partidos políticos, muchos alcaldes y concejales se han convertido de la noche a la mañana en multimillonarios, sin que salvo unas cuantas excepciones en las que dicha corruptela ha sido denunciada, en la mayoría de los casos ninguno de los que dicen representar al pueblo haya hecho nada para evitar dicha corruptela, lo que demuestra que todos los componentes del consistorio participan de una u otra forma en dicha actitud corrupta, dado que de lo contrario uno u otro lo hubiera denunciado, todo ello pone en evidencia una vez mas la falsedad del mensaje político cuando se atribuyen la representación de los ciudadanos.

Debido a dicho comportamiento por parte de la clase política en los correspondientes Ayuntamientos, el precio de la vivienda sobre todo en la mayoría de las grandes ciudades, en los últimos diez años se ha multiplicado por cinco, es decir, la vivienda que hace diez años tenia un precio de veinte millones de pesetas, actualmente a alcanzado el precio de cien millones de pesetas,lo que equivale a un incremento del precio del 500%, mientras que el poder adquisitivo del comprador, sobre todo el comprador joven, que generalmente es el que tiene la necesidad de adquirir vivienda, en los últimos diez años se ha estancado en mil euros mensuales, salvo aquellas cuatro grandes empresas en las que el incremento del sueldo en los últimos diez años se habrá incrementado en un 40%, lo que comparado con el 500% del incremento de la vivienda efectivamente deja a la mayoría de los jóvenes fuera de la posibilidad de la adquisición de una vivienda. A tal extremo no han puesto freno ni el gobierno del Estado , ni ninguna de las Comunidades Autónomas, ni por supuesto ningún Ayuntamientos, y cuando me refiero a los Ayuntamientos incluyo a los Alcaldes y Concejales, que lógicamente son los que tenían la obligación de no permitir que se aprovechara el suelo para el enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de todos los que necesitan una cosa tan básica como es una vivienda. No cabe ninguna duda, que en el encarecimiento de la vivienda además de los Ayuntamientos también han participado el resto de las instituciones gubernamentales, ya que este tipo de especulación y corruptela no solo participan los Ayuntamientos sino que como ya ha quedado demostrado en varias ocasiones también participan los partidos políticos y los propios políticos que dicen representar a los ciudadanos.

Todo esto nos ha demostrado que aquellos a los que les hemos confiado nuestra representación únicamente la utilizan para su propio beneficio e interés. No obstante, quiero también destacar que el dinero procedente de infinidad de operaciones corruptas también ha sido utilizado para comprar el voto a una parte de los representados mediante dadivas que en algunos casos se pueden calificar de limosna, cuyas limosnas tienen la suficiente influencia como para que los que las ofrecen consigan instalarse en el poder que en definitiva era el objetivo perseguido.