miércoles, 7 de septiembre de 2011

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES:


La separación de poderes consiste en que la organización política una vez ocupa el ejercicio de gobernar, las distintas tareas de la autoridad pública se constituyan por órganos separados.
La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes separados, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control unos de otros. Además, en los sistemas democráticos con la división de poderes se establece un verdadero control a las reglas de la mayoría, lo que comporta que efectivamente mediante dicha separación de poderes se pueda ejercer mayor control y protección de las libertades individuales, limitando de esta manera, la pasibilidad de abuso de poder sobre todo al poder ejecutivo.

Aristóteles en las consideraciones de las diversas actividades que se tienen que desarrollar en el ejercicio de gobernar ya habló en su momento de legislación, ejecución, y administración de la justicia. Sin embargo, quienes realmente aparecen como fórmuladores de la teoría de la división de poderes, son Locke, y Montesquieu. Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse en un solo poder. En tal sentido se establece la división de poderes al objeto de que los órganos del poder se autocóntrolen a través de un sistema que establezca contrapesos y equilibrios.

Montesquieu como ya es sabido, divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La defensa de la división de poderes se convierte a partir de las aportaciones de Montesquieu, en el objeto principal del constitucionalismo liberal, el que encuentra, en dicha fórmula, un modelo institucional totalmente opuesto al sistema del poder absoluto.

Todo ello, junto con las existencias de unos derechos fundamentales pasa a ser un requisito imprescindible para evitar y controlar las arbitrariedades del poder público, dotando de una independencia absoluta al poder judicial, e imponiendo al poder ejecutivo un verdadero sometimiento a la legalidad.

Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que los partidos políticos han conseguido anular por completo el sometimiento ejercido por el poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Pues es evidente que el poder legislativo en el sistema político actual no ejerce poder alguno sobre el poder ejecutivo, sino que el poder legislativo a pasado a depender totalmente del ejecutivo.
En este sentido se puede afirmar que el poder legislativo y el poder ejecutivo se han fusionado en uno solo, siendo el poder dominante el ejecutivo.
Nuestra propia constitución en su articulo 87_1, establece que la iniciativa legislativa corresponde al gobierno, al congreso y al senado. La iniciativa legislativa del Gobierno reviste la forma de proyecto de ley, y las de las cámaras de proposición de ley, lo que de alguna manera significa dar prioridad legislativa al Gobierno sobre las cámaras y por tanto un sometimiento del poder legislativo al poder ejecutivo.
El articulo 88 de la Constitución establece que los proyectos de ley serán aprobados por el consejo de ministros, que los someterá al congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
De acuerdo con dicho articulo, los proyecto de ley tienen clara prioridad sobre las proposiciones de ley, lo que comporta en la práctica que la casi totalidad de las leyes aprobadas por las cortes procedan del gobierno. Del mismo modo los reglamentos del congreso y del senado conceden al Gobierno un importante control sobre el procedimiento legislativo, el articulo 89 de la Constitución otorga a los proyectos de ley la prioridad en su tramitación sobre las proposiciones de ley. Por otro lado existe la legislación de urgencia lo que atribuye al Gobierno la posibilidad de dictar disposiciones legislativas en forma de Decretos Leyes. En este sentido, tanto Soletúra como Aparicio Perez han observado, que el parlamento es cada vez más débil, dado que sus funciones legislativas han cambiado de carácter, y el centro de gravedad de las mismas ha tendido a desplazarse cada vez mas hacía el poder ejecutivo.
Junto a todo ello, hay que contemplar también el excesivo poder que los distintos partidos se atribuyen mediante alianzas entre unos y otros, de tal manera que como podemos observar todo proyecto de ley presentado por el partido en el Gobierno es aprobado con el apoyo de aquellos partidos minoritarios que siempre se venden al mejor postor, que efectivamente no es otro que el partido que en cada momento ocupa el poder al contar éste con los recursos suficientes para comprar dicho apoyo.
Pero es que además es preciso destacar que las iniciativas legislativas ya no se resuelven en sede parlamentaria, pues como es evidente todas las decisiones se pactan fuera del parlamento por lo que se puede concluir que el parlamento solo sirve como una especie de teatro que entretiene a los ciudadanos, y da a los políticos la oportunidad de su lucimiento.

Por tanto, podemos afirmar, que con el régimen parlamentario actual el principio de la separación de poderes está sometido a una quiebra radical, ya que en el mejor de los casos se puede llegar a la conclusión que solo existen dos poderes independientes uno del otro. Pues, es evidente como ya se ha puesto de manifiesto que el poder legislativo y el poder ejecutivo se ha fusionado en uno solo a través del partido que en cada momento alcanza el poder mediante elecciones, o a través de las alianzas alcanzadas por distintos partidos para instalarse en el poder. En nuestro sistema parlamentario en definitiva, quien legisla y ejecuta lo legislado no es otro que el partido o los partidos que consiguen instalarse en el gobierno, ya sea de una forma legitima como sería en el caso de que un partido político que consiga mayoría en las urnas, o con cambiantes alianzas entre varios partidos, extremo que no legitima a dichas alianzas dado que el pueblo soberano no les ha dado esa legitimación.

Con el sistema parlamentario actual no sería muy atrevido decir, que ni siquiera el poder judicial goza de una independencia absoluta, ya que también se ve sometido a presiones del poder ejecutivo, quien entre otras cosas, tiene adjudicada la facultad de poner y quitar el Fiscal General del Estado, y en su consecuencia y dado que el Ministerio Público es un cuerpo totalmente jerarquizado también queda sometido al poder del gobierno de turno.

Según la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Art. 124.

Existen dos concepciones fundamentales acerca de la organización del Ministerio Fiscal.

Una denominada como judicialista, la que lo considera como un auxiliar colaborador o cooperador de la administración de justicia, formando parte del órgano judicial, y dotado de las mismas garantías en su independencia que el órgano judicial.

Otra denominada como gubernativa, la que estructura al Ministerio Fiscal bajo la dependencia del Gobierno, conceptuándolo como un representante del mismo ante los Tribunales, defensor de los intereses políticos y del gobierno y que no tiene entonces que igualarse en su extructura a la de los Jueces.

Nuestra Constitución como advierte Eduardo Jauralde, el que fué fundador de justicia democrática y Fiscal desde 1935, consagra el sistema gubernativo, lo que evidentemente lo convierte en un órgano institucionalmente dependiente de Gobierno, y en su consecuencia, se corre el riesgo, de que en lugar de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, nos podemos encontrar con la posibilidad de que se promueva la acción de la justicia en defensa de los intereses del Gobierno de turno, de tal manera, que según el partido político que ocupe el poder puede cambiar el concepto de justicia, y en su consecuencia, la defensa de justicia puede ser totalmente distinta para un partido político que para otro, quedando por tanto la justicia, al arbitrio del partido o partidos que ocupen el gobierno en cada momento.

Aunque nuestra Constitución en su articulo 17 declara que el poder judicial se integra por Jueces y Magistrados. Es lo cierto que a la hora de administrar justicia el Ministerio Fiscal no se puede separar del poder judicial, ya que en la práctica real forma parte del mismo. No obstante, en tanto en cuanto el Fiscal General del Estado lo puede quitar y poner el Gobierno del Estado es evidente que ello supone una verdadera limitación de la independencia judicial.
Esta limitación de la independencia judicial, se acentúa aún más, al ser el cuerpo de Fiscales un órgano totalmente jerarquizado, cuyo jefe principal está nombrado por el gobierno y a él se someten todo el cuerpo de fiscales.

En tal sentido, la doctrina moderna, ha señalado con unanimidad lo paradójico que resulta que sea un órgano institucionalmente dependiente del gobierno al que se le encomiende la misión de velar por la independencia de los Tribunales. Del mismo modo, hay que reconducir a sus justos limites la idea de que el Ministerio Fiscal promoverá la acción de la justicia en defensa de la legalidad, máxime cuando los distintos gobiernos cometen ilegalidades con cierta frecuencia.
Partiendo de la base de que el órgano del Ministerio Fiscal está regulado conforme al principio de unidad y dependencia integrado por un cuerpo único dependiendo todos ellos del Fiscal General del Estado, cuyo Fiscal General del Estado, tiene una importante dependencia del gobierno de turno, ya que es éste el que tiene la facultad para ponerlo y quitarlo cuando lo crea conveniente, es evidente que desaparece totalmente la independencia de dicho cuerpo, con el agravante de que a su vez ello depende del partido político o de las alianzas que se han alcanzado entre varios partidos para instalarse en el gobierno. Se puede considerar por tanto, que todos estos factores constituyen una verdadera quiebra de la independencia judicial.

Por otro lado, vemos como cada día mas la propia magistratura está sometida a una especie de politización, con lo que los propios jueces cada vez son menos independientes convirtiéndose de esta manera en partidarios de unos u otros partidos políticos. El Consejo General del poder judicial debería ejercer un control sobre los jueces imposibilitando que ningún miembro de la judicatura se pronunciara de hecho ni de derecho en favor ni en contra de organización política alguna, de tal manera que aquel juez que desde dentro de la judicatura se pronuncie en favor o en contra de cualquier partido político quede inhabilitado inmediatamente y a perpetuidad para el ejercicio de la actividad de juez.

Todo ello, unido a la evidente partitocrácia, o a esta democracia tramposa que se ha instalado en nuestro sistema parlamentario, permitiendo, que en el congreso de los diputados, o en cualquier otro parlamento, ya no se decide absolutamente nada, ya que todas las decisiones se toman antes de entrar en la sede parlamentaria entre los distintos partidos que se han puesto de acuerdo concediéndose unos a otros las correspondientes contrapartidas. Como podemos observar, la practica habitual es que las decisiones se toman mediante acuerdos o pactos entre distintas organizaciones políticas antes de entrar en el parlamento, lo que convierte a éste en una especie de espectáculo para entretener a una parte de la sociedad y de esta manera manipular al voluntad de la misma. Si además de ello tenemos en cuenta que la cámara alta esta prácticamente vacía de contenido, nos hace pensar que se debe plantear una reforma constitucional que resuelva esta verdadera quiebra de separación de poderes.

La reforma constitucional entre otras cosas podría adjudicar al senado la actividad de legislar y al congreso la actividad de ejecutar. Es decir la cámara alta tendría la competencia legislativa y la cámara baja la competencia ejecutiva. Esta reforma quizás comportaría la posibilidad de mantener la separación del poder ejecutivo y el poder legislativo, dado que no es frecuente que coincidan las mismas mayorías en ambas cámaras, y por tanto se evitaría esa fusión existente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, llenando además de contenido la cámara alta, dado que con el sistema actual carece de contenido alguno.

domingo, 17 de julio de 2011

REPRESENTANTES DE LOS CIUDADANOS EN LOS AYUNTAMIENTOS:



En los cerca de los nueve mil ayuntamientos existentes en el Estado Español, son elegidos en cada uno de ellos mediante las urnas, los correspondientes Alcaldes y concejales para representar a los ciudadanos de cada municipio, ademas de gestionar y administrar los intereses de los mismos, por periodos de cuatro años. En el periodo electoral, cada uno de los partidos ofrece un programa distinto al resto de competidores. Cada partido político que presenta candidatura presenta su programa con promesas a sabiendas de que la mayoría no se van a cumplir. Una vez celebradas las elecciones, si ningún partido de los que presentaron candidatura obtiene mayoría absoluta, dado que la Ley electoral vigente les permite hacer alianzas entre los distintos partidos que presentaron candidatura se compran el apoyo gubernamental unos a otros a fin de que los ciudadanos sigan en la creencia de que la alianza se hace en defensa de los intereses de la mayoría, aceptando incluso el programa del partido con el que se establece la alianza siendo este totalmente opuesto al que prometió a los ciudadanos que le dieron el voto. No obstante, a partir del momento que son elegidos y ocupan el cargo tanto de Alcaldes como de Concejales, se adjudican la representación de todos los ciudadanos del municipio, a pesar de que la mayoría de los electores no los haya elegido. Una vez ocupan el poder, en lugar de efectivamente, representar a todos los ciudadanos y gestionar bien los interese de los mismos, se dedican exclusivamente a repartirse el pastel entre ellos y a mantener el voto cautivo de aquella parte de los ciudadanos mas fácil de manipular mediante dadivas contrapartidas y triquiñualas, y todo ello con el presupuesto público.

En tal sentido no escatiman en inventar las instituciones que sean necesarias para crear cargos que den cabida a todos los compromisos de los distintos partidos que intervienen en dichas alianzas de tal manera que ninguno de ellos haga critica alguna a lo propuesto por el resto de participantes, convirtiendo la gobernabilidad en una serie de pactos que en la mayoría de los casos se pueden considerar totalmente contrarios a los intereses de la comunidad, y otros ya no solo contrarios a los intereses de la comunidad, sino corruptos e incluso delictivo. Tales hechos están como podemos observar a la orden del día en los distintos partidos políticos que participan en la acción de gobernar tanto en los Ayuntamientos, en las Comunidades Autónomas, o incluso en el Gobierno del Estado, donde para aprobar ciertas leyes se compra el voto a partidos de la oposición sin ningún tapujo.
A la vista de todo ello no queda mas remedio que concluir que en cuanto se llega al poder se deja de ser representante ni gestor de a nadie, sino del partido al que pertenece y en todo caso de si mismo. Todos conocemos que en realidad las alianzas entre partidos tienen como única finalidad ocupar el poder político y mantenerse en el mismo para obtener los mayores beneficios que permita dicha alianza. Prueba de ello, es que en los plenos de los ayuntamientos se aprueba aquello que es de interés de los partidos que hicieron la alianza y de los políticos que accedieron al poder mediante la misma, sin que efectivamente les preocupe absolutamente nada el interés de los ciudadanos. Es evidente que al igual que en el resto de organizaciones parlamentarias los concejales están sometidos a la disciplina de partido y, aunque en algún caso, lo que propone el partido no lo compartan, tienen la obligación de mantener dicha disciplina de partido dando apoyo a toda propuesta de cualquiera de los partidos que participan mediante el pacto alcanzado para ocupar el poder, a pesar de que lo que se acuerde sea totalmente contrario al interés de los ciudadanos. Ello demuestra por tanto, que una vez se accede al poder se deja de ser representante de aquellos que les dieron su apoyo en las urnas, dado que por un lado se está sometido al interés de partido y por otro al compromiso adquirido en la alianza con el partido contrario. Como consecuencia de dichas alianzas es practica habitual que en los plenos se voten propuestas totalmente contrarias a lo prometido en campaña electoral sin que ninguno de los que dicen que nos representan presenten el mas mínimo rechazo a ello.

Por tanto, podemos concluir que los que dicen ser nuestros representantes efectivamente no representan a nadie, sino que solo representan al partido político al que pertenecen, y a sus intereses propios. Es público y notorio que el poder político corrompe y si alguno de los integrantes de dicho poder no acepta la disciplina de partido y de las alianzas alcanzadas entre ellos se le compra mediante el precio que sea, y si no lo acepta posiblemente acabe expulsado del grupo aunque eso sí antes de salir habrá vendido su silencio.

El Acceso a concejal es un cargo político totalmente voluntario. Por tanto, debería ser un cargo honorifico, sin otra retribución, que aquellos gastos que se le ocasionen por el tiempo que tiene que dedicar a asistir a los plenos en el consistorio, sin que dicho cargo se convierta en un puesto fijo como si de un funcionario mas se tratara. Los Ayuntamientos ya tienen su estructura funcionarial, que en la mayoría de casos incluso está sobredimencionada, y por tanto, no es lógico que los concejales se asignen sueldos incluso mas altos que los funcionarios y ocupen puestos como si de un funcionario mas se tratara, cuyo cargo en la mayoría de los casos carece totalmente de contenido alguno. No se trata de que los concejales no tengan ingresos, sino que de lo que se trata, es de que los concejales no deben tener dedicación exclususiva por que no es necesario salvo algunos en grandes Ayuntamientos y en casos totalmente excepcionales y justificados, y por tanto deben seguir ejerciendo su profesión anterior, por la que como es lógico seguirán retribuidos. No obstante, dicha actividad les debe permitir asistir a los plenos de dichos Ayuntamientos cuando ello sea necesario, y que en todo caso, cuando el puesto de trabajo que ocupe sea en una empresas privada ésta le descuente de su retribución las horas que el presunto concejal dedique a la actividad política, dado que esas horas se las retribuirá el correspondiente Ayuntamiento, y todo ello con el correspondiente control a fin de que ello no comporte una desmesurada falta de asistencia al puesto de trabajo totalmente injustificada.

Otro de los extremos dignos de afrontar, es la falta de exigencia de formación especifica por parte de las organizaciones políticas a los candidatos a Alcaldes o Concejales. No es lógico que en el S XXI se pueda asignar el puesto de representante de los ciudadanos, en este caso Acalde o Concejal, a personas que no tienen formación acorde con el puesto que tiene que ocupar

Como se entiende que para acceder a un puesto de funcionario aunque sea de conserje se le exija una oposición y un examen que incluso en algunos casos nada tiene que ver con la materia que va a desarrollar y en cambio esa misma persona que no aprobó la oposición de conserje pueda ser Acalde o concejal si consigue el apoyo en las urnas con mayoría suficiente o con la alianza con otro partido. En tal sentido parece que seria aconsejable que a los partidos políticos se les exigiera presentar una candidatura con un grupo de personas que tuvieran una formación adecuada a cada uno de los cargos que aspiran a ocupar, como puede ser Concejal de cultura, o de urbanismo o de sanidad, ect, ect, una persona que carece de conocimiento adecuado a dicho cargo.

Estoy seguro que muchos de los políticos que ocupan altos cargos públicos si se tuvieran que presentarse a unas oposiciones de funcionario del grupo E que es el mas bajo de la escala, no lo aprobarían. En tal extremo se pueden incluir desde los Ministros del Gobierno del Estado y los Consejeros de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas hasta terminar por los Alcaldes y concejales de los Ayuntamientos, sin olvidarse de los que dicen que nos representan en los distintos Parlamentos.

En este sentido, los ciudadanos del S. XXI, debemos exigir a los partidos políticos que cuando presenten una candidatura ya sea para el gobierno del estado, ya sea para el gobierno de las Comunidades autónomas, ya sea para cualquier Ayuntamiento, presenten un grupo de personas no por méritos políticos sino por méritos de conocimiento especifico para aquellos cargos que van a ocupar. También debemos exigir a los partidos políticos que se tengan en cuenta a la hora de presentar candidaturas que las personas que presenten reúnan otros requisitos, entre los que deben figurar cierto prestigio reconocido en las distintas materias acordes con los cargos que luego tienen que ocupar, además de valores como son la ética, la reconocida solvencia moral, y honestidad suficientemente reconocida en su vida civil anterior.

Como podemos observar, los partidos políticos, se preocupan mas del perfil político para captar votos que de tener personas adecuadas y formadas al puesto que tienen que ocupar y sobre todo, de la fidelidad y disciplina al partido y al correspondiente jefe, ya que la valía para ocupar el puesto político de turno, no se suele medir por su conocimiento o sus valores éticos, morales, ni por su capacidad y conocimiento en materia específica alguna, sino que el merito mas importante es su capacidad para conseguir mediante su discurso que lo falso parezca verdadero. Todo ello está llevando a un enorme descrédito de la clase política, ese es el motivo de que el pueblo se abstenga de votar e muchas de las propuestas políticas, pues es evidente que existe una parte importante de la sociedad que ya se ha dado cuenta que las propuestas políticas solo les sirven a aquellos que han hecho de dicha política su modus vivendu, y todo ello a costa de sacrificar a la sociedad cada vez con mas gasto público destinado exclusivamente al mantenimiento de altas retribuciones y privilegios de dicha clase política pagada por el contribuyente.

Creo por tanto que la sociedad ya está manifestado su rechazo a este despilfarro económico en el que unos políticos oportunistas nos han metido solo y exclusivamente en su beneficio e interés propio.

Es preciso destacar que para mantener ese gasto público totalmente desproporcionado la mayoría de los Ayuntamientos se han nutrido económicamente recalificándo suelo como urbanizáble elevando su precio a unos niveles que no solo han hecho inalcanzable el precio de las viviendas para la mayoría de los ciudadanos, sobre todo para las clase trabajadoras sino que ademas, son los culpables de la burbuja inmobiliaria que ha permitido un desmesurado despilfarro público y estimulado a la sociedad en general a vivir por encima de las posibilidades económicas reales y aconsejables.
En tal sentido son muchos los Ayuntamientos que incluso no dándose las condiciones para ello se han aprovechado del suelo existente en cada uno de los municipios para hacer de ello un negocio totalmente especulativo y corrupto, con el que además de financiar los partidos políticos, muchos alcaldes y concejales se han convertido de la noche a la mañana en multimillonarios, sin que salvo unas cuantas excepciones en las que dicha corruptela ha sido denunciada, en la mayoría de los casos ninguno de los que dicen representar al pueblo haya hecho nada para evitar dicha corruptela, lo que demuestra que todos los componentes del consistorio participan de una u otra forma en dicha actitud corrupta, dado que de lo contrario uno u otro lo hubiera denunciado, todo ello pone en evidencia una vez mas la falsedad del mensaje político cuando se atribuyen la representación de los ciudadanos.

Debido a dicho comportamiento por parte de la clase política en los correspondientes Ayuntamientos, el precio de la vivienda sobre todo en la mayoría de las grandes ciudades, en los últimos diez años se ha multiplicado por cinco, es decir, la vivienda que hace diez años tenia un precio de veinte millones de pesetas, actualmente a alcanzado el precio de cien millones de pesetas,lo que equivale a un incremento del precio del 500%, mientras que el poder adquisitivo del comprador, sobre todo el comprador joven, que generalmente es el que tiene la necesidad de adquirir vivienda, en los últimos diez años se ha estancado en mil euros mensuales, salvo aquellas cuatro grandes empresas en las que el incremento del sueldo en los últimos diez años se habrá incrementado en un 40%, lo que comparado con el 500% del incremento de la vivienda efectivamente deja a la mayoría de los jóvenes fuera de la posibilidad de la adquisición de una vivienda. A tal extremo no han puesto freno ni el gobierno del Estado , ni ninguna de las Comunidades Autónomas, ni por supuesto ningún Ayuntamientos, y cuando me refiero a los Ayuntamientos incluyo a los Alcaldes y Concejales, que lógicamente son los que tenían la obligación de no permitir que se aprovechara el suelo para el enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de todos los que necesitan una cosa tan básica como es una vivienda. No cabe ninguna duda, que en el encarecimiento de la vivienda además de los Ayuntamientos también han participado el resto de las instituciones gubernamentales, ya que este tipo de especulación y corruptela no solo participan los Ayuntamientos sino que como ya ha quedado demostrado en varias ocasiones también participan los partidos políticos y los propios políticos que dicen representar a los ciudadanos.

Todo esto nos ha demostrado que aquellos a los que les hemos confiado nuestra representación únicamente la utilizan para su propio beneficio e interés. No obstante, quiero también destacar que el dinero procedente de infinidad de operaciones corruptas también ha sido utilizado para comprar el voto a una parte de los representados mediante dadivas que en algunos casos se pueden calificar de limosna, cuyas limosnas tienen la suficiente influencia como para que los que las ofrecen consigan instalarse en el poder que en definitiva era el objetivo perseguido.




LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES:

En España existen medio centenar de Diputaciones Provinciales las que incorporan 1200 diputados aproximadamente, los que también se constituyen como representantes del conjunto de los ciudadanos, cuando la realidad es que los ciudadanos no son los que los han elegido como sus representantes dado que el vigente sistema electora, dicha facultad se la tiene atribuida a los partidos políticos que forman el gobierno de los Ayuntamientos.

La Ley Orgánica 5/1985, establece que los ciudadanos mediante las correspondientes elecciones municipales eligen a los concejales, y estos, una vez son elegidos, eligen a los Diputados Provinciales.

Las Diputaciones provinciales son órganos de elección directa, la composición de su pleno se realiza a partir de los resultados de las elecciones municipales en cada provincia.

Los diputados provinciales se eligen en cada partido judicial, de entre los concejales de cada partido elegidos en algún municipio del correspondiente partido judicial, por tanto, los diputados provinciales se erigen también en representantes de los ciudadanos sin que estos hayan participado en su elección, dado que que han sido designados por los partidos políticos que consiguieron concejales e las elecciones municipales.
Con la vigente constitución de la sensación de que no se pensó demasiado que hacer con las diputaciones provinciales, o quizás no se pensó en la capacidad expansiva del sistema autonómico , pero es lo cierto que una vez alcanzada la autonomía a todo el territorio nacional las diputaciones se han quedado en una especie de tierra de nadie dado que se encuentran sometidas en cuanto a su regulación legal tanto a la legislación del estado en materia local como a la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas.

Es evidente por tanto, que las diputaciones se encuentran entre la administración del Estado y las comunidades autónomas, lo que les supone mucha dificultad para justificar su existencia.

En este sentido los ciudadanos nos tenemos que plantear para que nos sirven las Diputaciones, si es que no sirven para algo, o quizás pueden ser sustituidas sin ningún problema por la comunidades Autónomas, hecho que lógicamente supondría la eliminación de miles de altos cargos creados expresamente para dar cabida a un sin fin de políticos entre los que se encuentran los aproximadamente mil doscientos diputados provinciales.

Si se eliminaran los miles de altos cargos de las diputaciones, entre los que figuran Presidentes, Vicepresidentes, y otro sin fin de altos cargos todos ellos sin contenido alguno, los contribuyentes nos ahorraríamos el dinero que nos cuesta su mantenimiento que creo que no seria muy poco, dado que todos ellos se asignan altas retribuciones ademas de coches oficiales y otros muchos gastos totalmente injustificados.

Este es otro colectivo de los que dicen que nos representan cuando en realidad ni siquiera hemos participado en su elección, ya que nos han sido impuestos por los partidos políticos según los concejales que cada uno de dichos partidos ha conseguido en las elecciones locales.

miércoles, 6 de julio de 2011

FORMACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS PARLAMENTARIOS:

A ninguno de los parlamentarios, ya sean del Congreso de los Diputados, ya sean del Senado, ya sean de los diecisiete parlamentos autonómicos , se les exige formación alguna, para acceder a ocupar el correspondiente escaño, extremo, que en principio llama un poco la atención, ya que se trata de las personas que tienen que representar a la sociedad, y como es lógico, la sociedad debe exigir que aquellos que dicen que les representan estén capacitados para ejercer dicha representación. Pero como quiera que la actual ley electoral presenta listas cerradas privando a los electores de la posibilidad de elegir libremente al individuo que quieren que le represente solo acceden al parlamento aquellos individuos que de antemano ha decidido el partido político estableciendo el orden en la lista de candidatos según el partido cree conveniente. Los partidos políticos en lugar de preocuparse de presentar una lista de candidatos con la formación que se estime mas conveniente para los electores, únicamente se preocupan de que dichos candidatos acepten rigurosamente la disciplina establecida por cada uno de los partidos existentes en el escenario político del momento. Los estatutos de cada un de los partidos políticos, establecen un sistema disciplinario limitando la voluntad de sus militantes y sometiéndolos a dicho régimen estatuario, de tal forma, que los incluidos en las listas electorales para representar a los ciudadanos no serán los que mejor ejercerían dicha representación, sino aquellos que son mas fieles al partido y a su correspondiente jefe, lo que de hecho no supone otra cosa que una verdadera quiebra de la democracia. Tal sistema estatuario, nos demuestra que el principal objetivo de la mayoría de los dirigentes políticos no es otro que limitar la libertad de opinión de los ocupantes de los sillones del parlamento, y para ello nada mejor que éstos sean ocupados por aquellos individuos que acepten la voluntad de los dirigente del partido aunque esta sea contraria a la razón, de tal forma que en el ejercicio parlamentario no existe la mas mínima libertad de opinión, sino que cada uno de los parlamentarios está sometido a la disciplina de su partido sin ninguna posibilidad de emitir juicio alguno que sea contrario a los establecido por el correspondiente jefe que es el que decide lo que cada miembro de su partido ha de votar en cada una de las secciones parlamentarias. En este sentido se manifiestan todos los políticos llamando al de la oposición para que ponga orden en su partido en cuanto algún miembro del mismo rompe la disciplina estatuaria, hecho que demuestra la carencia democrática dentro de cada partido político.

Por tal motivo a la hora de confeccionar las listas de candidatos para cada una de las elecciones no solo no se tiene en cuenta la capacidad y méritos profesionales sino todo lo contrario ya que lo importante no es que los que van a representar a los ciudadanos en el parlamento tengan la mejor formación para el ejercicio de dicha representación, sino que de lo que se trata es que sean fieles al partido manteniendo la disciplina establecida por el mismo, y que actúen acorde con las consigna dada en cada momento sin el riesgo de que puedan emitir juicio alguno que se aparte de la consigna dada por el jefe del correspondiente partido político.
No es de extrañar por tanto que los sillones de los parlamentos sean utilizados en ocasiones para dar una cabezada que otra, pues es frecuente que en un descuido, el cámara de turno sorprenda a sus Señorías durmiendo plácidamente en su escaño, y consecuentemente, sin enterarse de lo que allí se está tratando, dado que el día que no se tiene que someter a votación algún tema de interés del correspondiente partido los parlamentarios no tienen otra misión que hacer bulto y en todo caso aplaudir la exposición de su jefe. Por tanto, los ciudadanos podemos concluir sin lugar a equivocarnos, que esos que dicen que nos representan, no ejercen tal representación, sino que únicamente están al servicio del partido al que pertenecen y sobre todo al servicio del jefe de dicho partido que en definitiva es el que confecciona la lista de candidatos dándoles el lugar para que puedan ser elegidos.

Como podemos apreciar, el parlamento no sirve absolutamente para nada ya que los partidos políticos si tienen mayoría absoluta llevan al parlamente las decisiones tomadas, y si no tiene mayoría antes de entrar en el parlamento han pactado mediante contrapartidas con otros partidos minoritarios los asuntos que se van a votar, por tanto, no es cierto que los parlamentarios defiendan los interese de los ciudadanos sino que lo único que defienden son los interese del partido al que pertenecen sin que les preocupe en absoluto el interés de los ciudadanos a los que dicen representar.
Prueba de que los parlamentarios no ejercen con eficacia la representación de los ciudadanos es que solo sea obligatoria la asistencia a la sede parlamentaria el día que se somete a votación algún tema de interés del partido en el gobierno en cuyo caso todos los parlamentarios deben asistir y estar bien despiertos sin que nadie sea capaz de romper la disciplina ya que ello les puede privar de repetir en la próxima legislatura. hecho éste, que quiebra por si mismo la propia democracia, y prueba que los que dicen representarnos únicamente representan al partido al que pertenecen.

A la vista de todo ello, es más que evidente, que los parlamentarios no defienden en absoluto a sus representados. Todos los días podemos comprobar, como los dirigentes políticos toman decisiones por las que se despilfarran grandes cantidades de dinero público, que a los ciudadanos no nos sirven absolutamente para nada, sin que nuestros representantes en el parlamento hagan el más mínimo gesto para evitarlo. Entre estas grandes partidas económicas, destacan por ejemplo, las que tanto el gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas, e incluso los Ayuntamientos destinan a propaganda institucional usando a su antojo todos los modios de comunicación que consideran oportuno haciendo publicaciones que a nadie le interesan, sin que ninguno de nuestros representantes haga la mas mínima critica de ello. En tal sentido no tenemos mas remedio que pensar, que alguien, por no decir a la mayoría de esos señores que dicen que nos representan les debe producir algún beneficio, si no fuera así, todos o la mayoría de los parlamentarios pondrían de manifiesto la inutilidad de dicha propaganda con lo que se evitaría tal despilfarro público. Podemos afirmar por tanto, que todos los partidos políticos están caracterizados por una rigurosa disciplina, en la que no se permite la mas mínima tentativa de cisma o división, y una dirección que reposa en métodos autocráticos, en cuya cima radica el poder absoluto y consecuentemente los parlamentarios carecen de poder ni libertad alguna, con lo que efectivamente, nadie defiende los intereses de los que dicen somos representados. Nos encontramos por tanto, sometidos a un engaño absoluto. A los políticos les somos de gran utilidad para conseguir instalarse en el poder, y una vez acceden al mismo se dedican a mantenerlo despilfarrando nuestro dinero incluso haciendo publicidad institucional totalmente inútil sin que se haga la mas mínima critica de ello, lo que viene a demostrar que todos los partidos y sus correspondientes parlamentarios se ponen de acuerdo para que no se produzca ningún rechazo a esas constantes campañas publicitarias de las que solo son beneficiarios los que dicen representarnos, cuya representación es aprovechada para mantenerse en el poder abusando y malgastando del dinero del contribuyente.

Por otro lado, también es conveniente poner en consideración la retribuciones percibidas por dichos parlamentarios.

El cargo del parlamentario es un cargo al que se accede de forma totalmente voluntaria, y en tal sentido debería ser un cargo honorífico, entre otras cosa por que su asistencia al parlamento puede ser de una vez a la semana o incluso a veces cada 15 días, dado que no es necesario que esté todos los días en el parlamento. Por tal motivo seria aconsejable que dichos parlamentarios se dedicaran a prestar su servicio profesional en la actividad a la que se habían dedicado con anterioridad, si es que la tuvieron, y si no la tuvieron está en edad de entrar en el mercado laboral. E lo referente a la actividad profesional de los parlamentarios deberíamos tener en cuenta que aquellos cuya única profesión ha sido la política careciendo por tanto de cualquier otra profesión o formación, lógicamente no deben ser los más idóneos para representar a nadie. Si la actividad de parlamentario no fuera de dedicación exclusiva y por tanto solo se les retribuyera por sus asistencias cuando fueran necesarias quizás tendríamos unos verdaderos representantes en los parlamentos en lugar de esos oportunistas que han hecho de la política su modus vivendi, actividad que les supone muchos derechos y muy pocos deberes. De ninguna manera estoy diciendo que no deban existir un número determinado de parlamentarios con dedicación exclusiva, y por tanto con una retribución acorde que la actividad que desarrollan, retribución que lógicamente debe estar acorde con su formación y capacidad en la materia que les debe ser exigida. Este grupo de parlamentarios con dedicación exclusiva entre otros deben formar parte la denominadas comisiones permanentes como es obvio. No obstante, es preciso destacar que estos grupos de parlamentarios deben estar formados por grupos de individuos con méritos reconocidos en la materia a la que dedican su actividad y para ocupar dicho cargo deberían ser elegidos por un tribunal especializado en dichas materias, y de ninguna manera según los méritos de fidelidad demostrados al partido y al correspondiente jefe.
El resto de parlamentarios que no formen estas comisiones no deben tener dedicación exclusiva y por tanto su retribución se debe limitar a unas primas por asistencia y las correspondientes dietas y gastos de desplazamiento, dedicando el resto de tiempo a su actividad habitual, con la condición de que se les permita la flexibilidad suficiente para acudir al parlamento aquellos días que sean necesarios.
Dado la existencia de un gran porcentaje de parlamentarios a los que no se les exige ningún tipo de formación específica, ni prueba alguna para acceder al cargo, y que además al único que le prestan servicio es al partido al que pertenecen, creo que la sociedad no tiene por que soportar esas elevadas cargas económicas que supone ese desmedido número de parlamentarios que en definitiva no sirven nada mas que para hacer el juego al partido político que los ha elegido.

Cuando un individuo de forma voluntaria se designa representante del pueblo, debe adquirir unas obligaciones y, entre ellas, debe figurar la de representar y proteger los interese de dicho pueblo. Por tanto, su primera obligación debe radicar en no aprovecharse del bien de aquellos a quien representa. Ese es el primer compromiso que un político debe asumir respecto a sus representados, además de ello, y dado que el cargo es voluntario debe ser honorifico, y en todo caso que se le retribuya por el verdadero servicio que presta a la sociedad.
Lo que no es admisible, ni ético, ni aceptable por la sociedad, es que un grupo de individuos que no hacen prácticamente nada salvo sentarse en el sillón que les corresponde en el parlamento al que pertenecen de dos a cuatro veces al mes, se les asignen grandes retribuciones fijas mensuales disfrazadas en distintas partidas y todas las demás prevéndas que el puesto lleva aparejadas sin que tengan ninguna otra obligación que la de ser fieles al partido y al correspondiente jefe. Extremo que incluye a todos los parlamentarios, y cuando digo a todos incluyo todos los parlamentos Autonómicos.
En todos los casos además del sueldo existen un sin fin de complementos mensuales por razón del cargo, y que suponen en algunos casos triplicar o mas el sueldo que tienen asignado. Entre estos complemento figuran los siguientes. Complemento por ser miembro de la mesa del congreso, complemento como gastos de representación, complemento por gastos de libre disposición. Ademas de estos existen otros como son ayudas, franquicias e indemnizaciones por los gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. Ademas tienen derecho a viajar gratis en medios de transporte público, si utilizan su coche particular reciben una cantidad por Km. e incluso cuando no utilizan coche oficial tienen una tarjeta a cargo del congreso para pagar el taxi, también disponen a cargo del congreso de teléfono móvil. El total de los gastos de sus señorías, en algunos casos supone cantidades mensuales tan elevadas que causan un poco de rubor, lo que evidentemente se convierte en un abuso total y absoluto de los intereses de aquellos a los que dicen representar.

Con independencia de la forma de retribución que se les asigne lo que sí les debe ser exigible es la imparcialidad en el momento de emitir juicio en el parlamento, y, efectivamente la fidelidad a los representados en lugar de la fidelidad al partido al que pertenecen. Con el sistema actual además de que las decisiones no se toman en el parlamento , dado que como ya se ha dicho a la sede parlamentaria llega todo decidido, los parlamentarios están sometidos a una total y absoluta disciplina impuesta por el partido al que pertenecen, aunque lamentablemente pagados por todos los ciudadanos.


No deberíamos tolerar que aquellos a los que les pagamos los ciudadanos para que nos representen en lugar ejercer dicha representación en la defensa de nuestros interese, a veces incluso no solo no ejerzan dicha defensa sino que incluso nos impongan obligaciones en su interés y beneficio propio, que resultan totalmente perjudiciales y contrarias a los intereses de la sociedad sin que los que dicen somo sus representados podamos hacer nada para evitarlo.
Creo sinceramente que si los parlamentarios estuvieran retribuidos por su asistencia el día que esta fuera necesaria, dedicándose el resto de tiempo a su trabajo habitual, si estar sometidos a la disciplina de partidos posiblemente su comportamiento fuera mas imparcial prestando por tanto un mejor servicio a sus representados, y ademas se evitaría una carga económica innecesaria como es lógico a cargo de los contribuyentes.


Es evidente que la clase política, nos va a decir, que la herramienta que tenemos en la mano para evitar dicho comportamiento, no es otra que las urnas, y efectivamente así debería de ser, pero para ello es totalmente necesario una nueva Ley Electoral que no permita las alianzas entre distintos partidos políticos, ya que con dichas alianzas las urnas no llevan al gobierno al político elegido por el pueblo, sino a aquellos que mediante acuerdos totalmente mercantiles consiguen agruparse e incluso sacar del juego político al partido mas votado, con lo que lógicamente como ya se ha puesto de manifiesto en lineas anteriores resulta que nos encontramos ante una falsa democracia, o mejor dicho por una partitocracia en lugar de por una democracia ágil y evolutiva.

La clase política que nos gobierna y la que aspira a gobernar, antes de presentarse a las elecciones deberían someterse a unas oposiciones, cuyas oposiciones tendrían que ser muy exigentes sobre todo respecto a la moral y la honradez de los candidatos, y en algunos casos también respecto a la formación académica, y solo una vez que obtuvieran el aprobado en dichas materias estarían legitimados y capacitados para presentarse a las elecciones y para ser elegidos como representantes de los ciudadanos.

domingo, 6 de marzo de 2011

110 Kilómetros por hora


A partir del día 7 de Marzo del presente año, entra en vigor la limitación de la velocidad en autopistas y autovías de 110 K. Hora. Tal limitación según el Vicepresidente primero del gobierno tiene la finalidad de reducir el consumo de combustible, pero a nadie se le escapa que en realidad ese no es el objetivo perseguido, sino que el fin de la medida es claramente recaudatorio,. Es mas que evidente que lo único que pretende el Gobierno con dicha medida es poner multas a fin de conseguir dinero para atender el desmesurado gasto al que est´n acostumbrados, dado que el dinero que recaudan le viene muy corto para continuar con el despilfarro económico habitual.

Con esta medida es evidente que no se produce ahorro alguno en combustible, puede incluso que el consumo aumente dado que ir de Barcelona a valencia representará tener el coche media hora mas en funcionamiento y ello supondrá un consumo mas eleva de combustible en lugar de un ahorro.

Si el Sr. Rubalcaba en realidad quiere ahorrar combustible le aconsejo que reduzca el parque de vehículos de la administración pública en el cincuenta por ciento, medida que supondrá un verdadero ahorro en combustible y en mantenimiento de ta abultada e innecesaria flota de vehículos utilizados por tantos enchufados en la política que el pueblo no necesita para nada, sino todo lo contrario que en realidad sobran. A esta medida también podríamos añadir otra más, que sería reducir a la mitad los enchufados que utilizan los vehículos oficiales, lo que es evidente que supondría un ahorro muy superior al que supondrá reducir la velocidad a 110 K. Hora en las autopistas.

Al vista de medida tan absurda invito desde aquí a que absolutamente nadie la cumpla, como se puede incumplir y que nos pongan multas, pues fácil, todos iremos por la autopista y las autovías hasta que no cambien la medida a 50 K por hora. También invito desde aquí a que se presenten otras sugerencias en cuanto a la forma de incumplir tan estúpida medida.